DECRETO 2591 DE 1991
"Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las
facultades que le confiere el literal b) del artículo transitorio 5 de la
Constitución Nacional oída y llevado a cabo el trámite de que trata el artículo
transitorio 6, ante la Comisión Especial,
DECRETA: CAPITULO I. Disposiciones generales y procedimiento
Artículo 1o. Objeto. Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que
señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la
acción de tutela.
La acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción. Cuando
la medida excepcional se refiere a derechos, la tutela se podrá ejercer por lo
menos para defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones
que la Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley
estatutaria de los estados de excepción.
Sentencia C-018 de 1993.Declarar EXEQUIBLE los artículos 1º,... del
Decreto 2591 de 1991, en los apartes en que fueron atacados, por los motivos
expresados en su oportunidad.
Artículo 2o. Derechos protegidos
por la tutela. La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales
fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado
expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita
su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la
revisión a esta decisión.
Sentencia C-018 de 1993. Declarar EXEQUIBLE los artículos 2º, ...del
Decreto 2591 de 1991, en los apartes en que fueron atacados, por los motivos
expresados en su oportunidad.
Artículo 3o. Principios. El
trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de
publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.
Artículo 4o. Interpretación de
los derechos tutelados. Los derechos protegidos por la acción de tutela se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia.
Artículo 5o. Procedencia de la
acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de
las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera
de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra
acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está
sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en
un acto jurídico escrito.
Artículo 6o. Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante.
Sentencia C-018 de 1993. Declarar EXEQUIBLE los artículos 6º (numerales
1º ...), del Decreto 2591 de 1991, en los apartes en que fueron atacados, por
los motivos expresados en su oportunidad.
Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en
su integridad mediante una indemnización.
Sentencia C-531 de 1993.Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2 del numeral
primero del artículo 6 del Decreto-Ley 2591 de 1991.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y
los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo
anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos
amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos
colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
Sentencia C-018 de 1993. Declarar EXEQUIBLE los artículos ...6º
(numerales ...3º), del Decreto 2591 de 1991, en los apartes en que fueron
atacados, por los motivos expresados en su oportunidad.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la
presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere
necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto
concreto que lo amenace o vulnere.
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la
ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e
inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que
considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto
de un eventual fallo a favor del solicitante.
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél
contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier
medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar
que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo
de conformidad con las circunstancias del caso.
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución
debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de
ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.
Artículo 8o. La tutela como mecanismo transitorio. Aún cuando el
afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela
procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la
sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la
autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el afectado.
En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término
máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.
Si no se instaura, cesarán los efectos de éste.
Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño
irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la
acción de nulidad y de las demás precedentes ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente
podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación
jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso.
Sentencia C-018 de 1993.
Declarar EXEQUIBLE los artículos ...8º, ...del Decreto 2591 de 1991, en
los apartes en que fueron atacados, por los motivos expresados en su
oportunidad.
Artículo 9o. Agotamiento opcional
de la vía gubernativa. No será necesario interponer previamente la reposición y
otro recurso administrativo para presentar la solicitud de tutela. El
interesado podrá interponer los recursos administrativos, sin perjuicio de que
ejerza directamente en cualquier momento la acción de tutela.
El ejercicio de la acción de tutela no exime de la obligación de agotar
la vía gubernativa para acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Artículo 10. Legitimidad e
interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.
Artículo 11. Caducidad. La acción
de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o
providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos
meses de ejecutoriada la providencia correspondiente.
Sentencia C-543 de 1992. Decláranse INEXEQUIBLES, por ser contrarios a
la Constitución, los artículos 11 ...del Decreto 2591 de 1991.
Artículo 12. Efectos de la caducidad. La caducidad de la acción de
tutela no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación mediante otra
acción, si fuere posible hacerlo de conformidad con la ley.
Sentencia C-543 de 1992. Decláranse INEXEQUIBLES, por ser contrarios a
la Constitución, los artículos ...12 del Decreto 2591 de 1991.
Artículo 13. Personas contra
quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o
aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo
que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública,
la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud.
Artículo 14. Contenido de la
solicitud. Informalidad. En la solicitud de tutela se expresará, con la mayor
claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se
considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere
posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las
demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el
nombre y el lugar de residencia del solicitante.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre
que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser
ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u
otro medio de comunicación que se manifieste por escrito para lo cual se gozará
de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor
de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente. El juez deberá atender
inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del
derecho, podrá exigir su posterior presentación personal para recoger una
declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al
secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno.
Artículo 15. Trámite
preferencial. La tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del
presidente de la Sala o del magistrado a quien éste designe, en turno riguroso,
y será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de
naturaleza diferente, salvo el de habeas corpus.
Sentencia C-186 de 1998.
Declarar exequible, en los términos de esta sentencia, la expresión
"... del presidente de la sala o del magistrado a quien éste designe, en
turno riguroso...", contenida en el artículo 15 del Decreto 2592 de 1991.
Los plazos son perentorios e improrrogables.
Artículo 16. Notificaciones. Las
providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el
medio que el juez considere más expedito y eficaz.
Artículo 17. Corrección de la
solicitud. Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la
solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el
término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la
correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser
rechazada de plano.
Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto,
con la información adicional que le proporcione el solicitante.
Artículo 18. Restablecimiento
inmediato. El juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho,
prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación
previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se
pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho.
Artículo 19. Informes. El juez podrá requerir informes al órgano o a la
autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente
administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. La
omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad.
El plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sean
la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.
Los informes se considerarán rendidos bajo juramento.
Artículo 20. Presunción de
veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el
juez estime necesaria otra averiguación previa.
Artículo 21. Información
adicional. Si del informe resultare que no son ciertos los hechos, podrá
ordenarse de inmediato información adicional que deberá rendirse dentro de tres
días con las pruebas que sean indispensables. Si fuere necesario, se oirá en
forma verbal al solicitante y a aquél contra quien se hubiere hecho la
solicitud, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente de manera
sumaria.
En todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio
probatorio para conceder o negar la tutela.
Artículo 22. Pruebas. El juez,
tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá
proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas.
Artículo 23. Protección del
derecho tutelado. Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la
autoridad el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al
agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la
violación, cuando fuere posible.
Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión,
el fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se
otorgará un plazo prudencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto
administrativo de alcance particular y lo remite al juez en el término de 48
horas, éste podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente
ejercido sin más requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o
actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así
como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el
caso concreto.
Artículo 24. Prevención a la
autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer
al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a
la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones
u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo
considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.
Artículo 25. Indemnizaciones y
costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación
del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos
anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez de oficio, tiene la
potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si
ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el
pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás
perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante
el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes,
para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente
copia de toda la actuación.
La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y
solidariamente contra éste, si se considerara que ha mediado dolo o culpa grave
de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades
administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.
Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al
solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en
temeridad.
Sentencia C-543 de 1992. Declárase EXEQUIBLE el artículo 25 del Decreto
en mención. (Decreto 2591 de 1991) Sentencia C-054 de 1993. Estese a lo
resuelto.
Artículo 26. Cesación de la
actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el
expediente.
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción
extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá
reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha
resultado incumplida o tardía.
Artículo 27. Cumplimiento del
fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del
agravio deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez
se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir
y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas
otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere
procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para
el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al
responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en
su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el
caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
Artículo 28. Alcances del fallo.
El cumplimiento del fallo de tutela no impedirá que se proceda contra la
autoridad pública, si las acciones u omisiones en que incurrió generaren
responsabilidad.
La denegación de la tutela no puede invocarse para excusar las responsabilidades
en que haya podido incurrir el autor del agravio.
Artículo 29. Contenido del fallo. Dentro de los diez días siguientes a
la presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el cual deberá contener:
1. La identificación del solicitante.
2. La identificación del sujeto o sujetos de quien provenga la amenaza o
vulneración Sentencia C-054/93. ESTESE a lo resuelto por la Corte
Constitucional respecto de los artículos ... 29,... del Decreto 2591 de 1991.
(C-543 de 1992)
3. La determinación del derecho tutelado.
4. La orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin
de hacer efectiva la tutela.
5. El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en
ningún caso podrá exceder de 48 horas.
6. Cuando la violación o amenaza de violación derive de la aplicación de
una norma incompatible con los derechos fundamentales, la providencia judicial
que resuelva la acción interpuesta deberá además ordenar la inaplicación de la
norma impugnada en el caso concreto.
Parágrafo. El contenido del fallo no podrá ser inhibitorio.
Artículo 30. Notificación del
fallo. El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que
asegure su cumplimiento a más tardar el día siguiente de haber sido proferido.
Artículo 31. Impugnación del
fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser
impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el
representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento
inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la
Corte Constitucional para su revisión.
Artículo 32. Trámite de la
impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el
expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la
misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio
o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción
del expediente. Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a
revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a
derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la
Corte Constitucional, para su eventual revisión.
Sentencia C-018 de 1993.
Declarar EXEQUIBLE los artículos ...32, ...del Decreto 2591 de 1991, en
los apartes en que fueron atacados, por los motivos expresados en su
oportunidad.
Sentencia C-1716 de 2000.
Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado del artículo 32 del Decreto 2591 de
1991.
Artículo 33. Revisión por la Corte
Constitucional. La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para
que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de
tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte o el
Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela
excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de
un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean
excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán
ser decididos en el término de tres meses.
Sentencia C-018 de 1993. Declarar EXEQUIBLE los artículos ...33 ...del
Decreto 2591 de 1991, en los apartes en que fueron atacados, por los motivos
expresados en su oportunidad.
Sentencia C-054 de 1993. Estese a lo resuelto.
Decreto 262 de 22 de febrero de 2000. ARTÍCULO 7°. Funciones. El
Procurador General de la Nación cumple las siguientes funciones: ...12.
Solicitar ante la Corte Constitucional la revisión de fallos de tutela, cuando
lo considere necesario en defensa del orden jurídico, el patrimonio público o
de los derechos y garantías fundamentales.
Artículo 34. Decisión en Sala. La
Corte Constitucional designará los tres Magistrados de su seno que conformarán
la Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de conformidad con el
procedimiento vigente para los Tribunales de Distrito judicial. Los cambios de
jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo
registro del proyecto de fallo correspondiente.
Sentencia C-018 de 1993.
Declarar EXEQUIBLE los artículos ...34 del Decreto 2591 de 1991, en los
apartes en que fueron atacados, por los motivos expresados en su oportunidad.
Artículo 35. Decisiones de
revisión. Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo,
unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las
normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente
justificadas.
La revisión se concederá en el efecto devolutivo pero la Corte podrá
aplicar lo dispuesto en el artículo 7 de este decreto.
Artículo 36. Efectos de la
revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán
efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o
tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la
Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a
lo dispuesto por ésta.
CAPITULO II. Competencia.
Artículo 37. Primera instancia.
Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o
tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
Sentencia C-054 de 1993.
Declarar EXEQUIBLES los artículos 37 ...del Decreto 2591 de 1991, en los
apartes en que fueron atacados, por las razones aquí expresadas.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la
gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos
y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias
penales del falso testimonio.
Sentencia C-616 de 1997. Declarar EXEQUIBLES las expresiones...
"bajo la gravedad del juramento", contenidas en los artículos ... 37
del Decreto 2591 de 1991....
De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de
comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar.
Sentencia C-054 DE 1993.
Declarar EXEQUIBLES los artículos 37 ...del Decreto 2591 de 1991, en los
apartes en que fueron atacados, por las razones aquí expresadas.
Artículo 38. Actuación temeraria.
Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
Sentencia C-054 de 1993.
Declarar EXEQUIBLES los artículos ... 38 del Decreto 2591 de 1991, en
los apartes en que fueron atacados, por las razones aquí expresadas.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de
la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.
Sentencia C-155ª de 1993.
Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 38 del Decreto 2591 de
1991.
Artículo 39. Recusación. En
ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido
cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal
so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que
conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas
procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso.
Artículo 40. Competencia
especial. Cuando las sentencias y las demás providencias judiciales que pongan
término a un proceso, proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un
derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela el
superior jerárquico correspondiente.
Cuando dichas providencias emanen de Magistrados, conocerá el Magistrado
que le siga en turno, cuya actuación podrá ser impugnada ante la
correspondiente sala o sección.
Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá la
sala o sección que le sigue en orden, cuya actuación podrá ser impugnada ante
la sala plena correspondiente de la misma Corporación.
Parágrafo 1º. La acción de tutela contra tales providencias judiciales
sólo procederá cuando la lesión del derecho sea consecuencia directa de éstas
por deducirse de manera manifiesta y directa de su parte resolutiva, se
hubieren agotado todos los recursos en la vía judicial y no exista otro
mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado.
Cuando el derecho invocado sea el debido proceso, la tutela deberá interponerse
conjuntamente con el recurso procedente.
Quien hubiere interpuesto un recurso, o disponga de medios de defensa
judicial, podrá solicitar también la tutela si ésta es utilizada como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. También podrá hacerlo quien,
en el caso concreto, careciere de otro mecanismo de defensa judicial, siempre y
cuando la acción sea interpuesta dentro de los 60 días siguientes a la firmeza
de la providencia que hubiere puesto fin al proceso.
La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni
para controvertir pruebas.
Parágrafo 2º. El ejercicio temerario de la acción de tutela sobre
sentencias emanadas de autoridad judicial por parte del apoderado será causal
de sanción disciplinaria. Para efectos, se dará traslado a la autoridad
correspondiente.
Parágrafo 3º. La presentación de la solicitud de tutela no suspende la
ejecución de las sentencias o de la providencia que puso fin al proceso.
Parágrafo 4º. No procederá la tutela contra fallos de tutela.
Sentencia C-543 de 1992.
Declárase INEXEQUIBLE, dada su unidad normativa con los preceptos
mencionados, el artículo 40 del mismo Decreto.
Sentencia C-018 de 1993.
En lo relacionado con los artículos ... 40 del Decreto 2591 de 1.991,
estése a lo decidido por la Corte Constitucional en fallo del 1º de octubre de
1.992.
Artículo 41. Falta de desarrollo
legal. No se podrá alegar la falta de desarrollo legal de un derecho
fundamental civil o político para impedir su tutela.
CAPITULO III. Tutela contra los particulares
Artículo 42. Procedencia. La
acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos:
1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los
derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y
38 de la Constitución.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1o. del artículo 42 del decreto 2591 de
1991, salvo la expresión "para proteger los derechos consagrados en los
artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución",
que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede
siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y
por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los
derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 2o. del artículo 42 del decreto 2591 de
1991, salvo la expresión "para proteger los derechos a la vida, a la
intimidad, a la igualdad y a la autonomía", que se declara INEXEQUIBLE.
Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular
que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier
derecho constitucional fundamental.
3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado
de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada,
contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la
situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización.
5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o
amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho
la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en
el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la
copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada
en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8.. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades
públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien
se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del
menor que solicite la tutela.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 9o. del artículo 42 del decreto 2591 de
1991, salvo la expresión "la vida o la integridad de".
Artículo 43. Trámite. La acción
de tutela frente a particulares se tramitará de conformidad con lo establecido
en este Decreto, salvo en los artículos 9, 23 y los demás que no fueren
pertinentes.
Artículo 44. Protección
alternativa. La providencia que inadmita o rechace la tutela deberá indicar el
procedimiento idóneo para proteger el derecho amenazado o violado.
Artículo 45. Conductas legítimas.
No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular.
CAPITULO IV. La tutela y el defensor del pueblo
Artículo 46. Legitimación. El
Defensor del Pueblo podrá sin perjuicio del derecho que asiste a los
interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que
se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión.
Artículo 47. Parte. Cuando el
Defensor del Pueblo interponga la acción de tutela será, junto con el
agraviado, parte en el proceso.
Artículo 48. Asesores y
asistentes. El Defensor del Pueblo podrá designar libremente los asesores y
asistentes necesarios para el ejercicio de esta función.
Artículo 49. Delegación en
personeros. En cada municipio, el personero en su calidad de defensor en la
respectiva entidad territorial podrá por delegación expresa del Defensor del
Pueblo, interponer acciones de tutela o representarlo en las que éste
interponga directamente.
Artículo 50. Asistencia a los
personeros. Los personeros municipales y distritales podrán requerir del
Defensor del Pueblo la asistencia y orientación necesarias en los asuntos
relativos a la protección judicial de los derechos fundamentales.
Artículo 51. Colombianos
residentes en el exterior. El colombiano que resida en el exterior, cuyos
derechos fundamentales estén siendo amenazados o violados por una autoridad
pública de la República de Colombia, podrá interponer acción de tutela por
intermedio del Defensor del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el
presente Decreto.
Artículo 52. Desacato. La persona
que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto
incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta
de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere
señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones
penales a que hubiere lugar.
Sentencia C-092 de 1997.
Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 52 del decreto 2591 de
1991.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y
será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días
siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto
devolutivo.
Sentencia C-243 de 1996.
Declarar EXEQUIBLE la expresión "la sanción será impuesta por el
mismo juez, mediante trámite incidental y será consultada al superior
jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse
la sanción", del artículo52 del Decreto 2591 de 1991.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión "la consulta se hará en el efecto
devolutivo" del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Artículo 53. Sanciones penales.
El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le
son propias de conformidad con este decreto incurrirá, según el caso, en fraude
a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que
hubiere lugar.
También incurrirá en la responsabilidad penal a que hubiere lugar quien
repita la acción o la omisión que motivó la tutela concedida mediante fallo
ejecutoriado en proceso en el cual haya sido parte.
Artículo 54. Enseñanza de la
tutela. En las instituciones de educación se impartirá instrucción sobre la
acción de tutela de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la
Constitución.
Artículo 55. El presente decreto
rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 19 de noviembre
de 1991.
Diario oficial número 40.165 de 19 de noviembre de
1991.
DECRETO 1983 DE 2017
(Noviembre 30)
Por el cual se modifican los artículos
2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de
reparto de la acción de tutela
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades
constitucionales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189
de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de
tutela como un instrumento judicial para la protección directa de derechos
fundamentales.
Que el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 prescribe que la
competencia para conocer de la acción de tutela en primera instancia la tienen
los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación
o amenaza del derecho fundamental.
Que el artículo 1 del Decreto 1382 del 2000 estableció las reglas de
reparto de las acciones de tutela.
Que el artículo 1 del Decreto 1382 del 2000 fue compilado en el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y
del Derecho.
Que el Decreto 1382 de 2000, compilado en el Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, definió algunas reglas de
reparto de la acción de tutela que no previeron otros supuestos respecto de los
cuales se hace necesario fijar también reglas de reparto.
Que en la dimensión constitucional del Plan Decenal de Justicia se
propuso el adelanto de ajustes normativos en materia de tutela para mejorar la
eficacia, cobertura y especialidad del mecanismo.
Que mediante Auto 050 de 2015, la Corte Constitucional señaló lo
siguiente respecto al marco jurídico que determina la competencia en materia de
tutela:
<<8. La Corte Constitucional ha señalado que las normas que
determinan la competencia en materia de tutela son: el artículo 86 de la
Constitución, que dispone que esta se puede interponer ante cualquier juez; y
el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia
territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de
comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.
9. De otra parte, se ha sostenido en la jurisprudencia constitucional
que el Decreto 1382 de 2000 establece únicamente las reglas para el reparto de
la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos
judiciales. Esto, en tanto este decreto por su inferioridad jerárquica frente a
las anteriores disposiciones (legales y constitucionales), no puede modificar
las normas de superior jerarquía normativa. [5]
En este sentido, esta Corte ha dicho que "la observancia del
mencionado acto administrativo [Decreto 1382 de 2000] en manera alguna puede
servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen
jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una
acción de tutela, puesto que las reglas en el contenidas son meramente de
reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación
válida el termino constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso,
en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art.
2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de
justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29
ibídem). [6]>>
Que se requiere adoptar mecanismos o regular la forma de reparto de las
acciones de tutela, con el fin de racionalizar o desconcentrar el conocimiento
de las mismas y por ello es necesario ajustar las reglas de reparto de la
acción de tutela contra las autoridades públicas y los particulares.
Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO 1. Modificación
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. Modificase el
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así:
"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto
de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención,
los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos,
conforme a las siguientes reglas:
1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad,
organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y
contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera
instancia, a los Jueces Municipales.
2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad,
organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual
categoría.
3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del
Presidente de la Republica, del Contralor General de la Republica, del
Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del
Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor
General de la Republica, del Contador General de la Nación y del Consejo
Nacional Electoral serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia,
a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales
Administrativos.
4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los
Fiscales y Procuradores serán repartidas, para su conocimiento en primera
instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien
intervienen. Para el caso de los Fiscales que intervienen ante Tribunales o
Altas Cortes, conocerán en primera instancia y a prevención, los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial o las Salas Disciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura. Para el caso de los Procuradores que intervienen
ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera instancia y a prevención,
los Tribunales Administrativos o las Salas Disciplinarias de los Consejos
Seccionales.
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.
6. Las acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de
la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial.
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia
y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera
instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión,
Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.
8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para
su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de
Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección
o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere
el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.
9. Las acciones de tutela dirigidas contra los Tribunales de Arbitraje serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la autoridad judicial
que conoce del recurso de anulación.
10. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas
en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la
Constitución Política, serán repartidas, para su conocimiento en primera
instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y
estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía,
de conformidad con las reglas establecidas en el presente artículo.
PARÁGRAFO 1. Si conforme a
los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es el competente
según lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, este deberá
enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa
comunicación a los interesados.
PARÁGRAFO 2. Las anteriores
reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la
competencia o plantear conflictos negativos de competencia."
ARTÍCULO 2. Modificación
del artículo 2.2.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015. Modificase el
artículo 2.2.3.1.2.5 (sic) del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así:
"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.4. Los
reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y
la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar
que los asuntos relacionados con el conocimiento de la impugnación de fallos de
acción de tutela sean resueltos por salas de decisión, secciones o subsecciones
conformadas para tal fin. Así mismo determinara la conformación de salas de
decisión, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de
tutela que se ejerzan contra actuaciones de la propia corporación, a las que se
refiere el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del presente decreto."
ARTÍCULO 3. Modificación
del artículo 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015. Modificase el
artículo 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así:
"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.5. Transitoriedad. Las
reglas contenidas en el presente capítulo sólo se aplicaran a las solicitudes
de tutela que se presenten con posterioridad al 30 de noviembre de 2017. Las
solicitudes de tutela presentadas con anterioridad a esta fecha serán resueltas
por el juez a quien hubieren sido repartidas, así como la impugnación de sus
fallos.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C, a los 30 días del
mes de noviembre de 2017
